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La Junta vuelve a decir no al expediente para salvar Puerto Triana

Diario de Sevilla | Jueves, 01 de Enero de 1970, 00:00:00

La Consejería de Obras Públicas considera que el Ayuntamiento de Sevilla no justifica la necesidad de modificar el actual Plan General de Ordenación Urbana

General de Ordenación Urbana La Junta de Andalucía ha comenzado a analizar el expediente urbanístico de Puerto Triana -el gran centro comercial y de ocio que las dos cajas de ahorro de Sevilla, la empresa multinacional Rodamco y varios inversores sevillanos quieren construir sobre el área Sur de la isla de la Cartuja- y ya empieza a ponerle reparos formales. A decir no, en definitiva. Según confirmaron a este diario fuentes de la Administración autonómica, hace unos días los servicios técnicos de la Consejería de Obras Públicas elaboraron un escrito oficial sobre las nuevas lagunas detectadas en el proyecto -que el Ayuntamiento había vuelto a remitir por segunda vez al Gobierno andaluz después de que en una primera ocasión éste lo rechazara con el argumento de que su viabilidad implicaba la necesidad de acometer una modificación cualificada del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), competencia ajena al Consistorio- en el que se pone de manifiesto que la documentación remitida por la Gerencia de Urbanismo a la Junta de Andalucía carece de los informes técnicos esenciales para analizar su idoneidad.

Así, y siempre según fuentes de la Administración autonómica, el expediente de Puerto Triana no incluye un estudio de impacto sobre la influencia que el proyecto tendría sobre el Sur de la Cartuja y en el que se justifique suficientemente, a juicio de la Junta, la necesidad de modificar la máxima normativa urbanística de la ciudad -su actual Plan General- con el objetivo de dar carta a la legalidad del complejor comercial diseñado por el arquitecto catalán Ricardo Bofill, que se hizo cargo del proyecto después de que los bocetos iniciales no contentaran a ninguna de las distintas administraciones públicas de las que ha dependido, y todavía depende, su larga y prolija tramitación administrativa. El prestigioso arquitecto catalán había mantenido en su diseño último toda la edificabilidad lucrativa prevista en el proyecto original -algo más de 75.000 metros cuadrados-, aunque había suavizado su impacto con terrazas verdes -en las que se instalaría vegetación- y había completado las áreas comerciales y funcionales -un parking para 4.000 plazas, el más grande de toda la ciudad- con un nuevo referente simbólico: una torre campanille para oficinas y usos terciario de casi 80 metros de altura. La Junta, sin embargo, insiste en su escrito en que el expediente municipal -al que el Ayuntamiento había incorporado en esta ocasión tres dictámenes aportados por los propios promotores en los que se viene a defender la tesis de que la viabilidad del proyecto no exige una modificación cualificada del PGOU, sino del Plan Especial de la Cartuja y su entorno, misión que es facultad exclusiva del Ayuntamiento- no satisface algunos de los requerimientos previos hecho por la Consejería de Obras Públicas. Y dice algo más: asegura que es necesario que, dado que el PGOU de Sevilla está en proceso de revisión: "sería necesario incorporar la valoración y justificación de la coherencia de esta modificación en el contexto de las propuestas que se están realizando". Esto es: deja la viabilidad de Puerto Triana en manos de la Oficina del nuevo PGOU. Junto al ejemplo antes citado, la Junta llama la atención sobre las lagunas que, en su opinión, tiene el expediente municipal: la afección real del proyecto sobre los sistemas generales de viario o la influencia que tendrían las nuevas edificaciones -de una envergadura considerable- en relación a los espacios libres y verder que el actual libro urbano de la ciudad contempla para el sector Sur de la Cartuja. También se reseña la ausencia de un informe positivo de la Consejería de Cultura, que el pasado mes de marzo emitió un dictamen en el que ponía de manifiesto sus reparos sobre el proyecto y solicitaba, entre otras cuestiones, que se incluyera en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La Gerencia anunció a raíz de este informe la posibilidad de modificar el proyecto para detraer de las zonas delanteras del monasterio de Santa María de las Cuevas la edificabilidad que Puerto Triana destinaba al propio Consistorio en concepto de cesiones urbanísticas. Sin embargo, y a pesar de esta opinión técnica, Cultura no ha vuelto a hacer dictamen alguno sobre el proyecto, que en 1997 recibió el apoyo tácito -en el seno de la sociedad pública Cartuja 93- de todas las administraciones públicas. La Junta, pese a estas carencias, anuncia al Ayuntamiento su disposición a tramitar el proyecto una vez que se incorporen estos documentos. Nada menciona la citada nota oficial de la reducción parcial -entre un 30 y un 40 por ciento- de la edificabilidad total del proyecto. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, anunció sin embargo en abril de este año en el Parlamento que Puerto Triana debía «ajustarse a la legalidad urbanística» o, en caso contrario, «sería inviable».

Carlos Mármol